Las reglas van a llegar hechas

El martes 15 de septiembre de 2026 la Asamblea Nacional de Ecuador archivó, con 88 votos, el proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Promoción de la Inteligencia Artificial, después de dos años de trámite ^[1]. El informe de la comisión que lo recomendó, aprobado el 31 de agosto, explica el motivo con una frase que conviene leer entera: una regulación rígida «podría provocar obsolescencia normativa, barreras para la innovación, desincentivos para la inversión tecnológica y mayores cargas para emprendimientos y MIPYMES» ^[2]. El mismo informe propone qué hacer en lugar de legislar: «considerar referentes internacionales para la gestión responsable de la inteligencia artificial, entre ellos, la norma ISO/IEC 42001:2023» ^[2]. Un asambleísta lo resumió en el pleno con menos diplomacia, según la crónica de la sesión: lo correcto es «mantenerse expectantes a las acciones de las grandes potencias» ^[1]. La presidenta de la comisión ingresó el 1 de septiembre un proyecto de reemplazo, y el país quedó, por ahora, sin ley ^[2].

Ecuador es hoy el mejor ejemplo de un movimiento regional, y conviene nombrarlo antes que a sus protagonistas. América Latina no decidió no regular la inteligencia artificial: decidió importar el manual, y el manual lo están escribiendo, este mismo mes, los que van a ser regulados. Chile, Brasil y Ecuador llegaron a la misma conclusión por caminos distintos, y solo Ecuador nombra a quién le está delegando la decisión.

Tres capitales, una misma frase

Chile venía de aprobar en la Cámara, en octubre de 2025, una ley marco de inteligencia artificial calcada del modelo europeo, con cuatro categorías de riesgo, prohibiciones y sanciones ^[3]. El gobierno de Kast la quiere sustituir entera. La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, la llamó «incongruente» ante el Senado y dijo que Europa «nos ha dado lecciones de lo que no debemos hacer» ^[4]. Su propuesta, presentada a los senadores en mayo, tiene como primer pilar, en palabras que ella misma explicó, un marco regulatorio habilitante «con posibilidad de homologación automática de certificaciones internacionales», seguido de sandboxes, auditorías voluntarias y sanciones «proporcionales a un daño concreto y no a un riesgo teórico» ^{[4] [5]}. La prensa chilena la describió como «estándares técnicos actualizables, certificaciones y auditorías voluntarias» ^[3]. Ninguna de esas presentaciones nombra qué certificaciones se homologarán ni quién las escribe, y los académicos consultados por La Tercera advirtieron del riesgo de «captura regulatoria si las grandes empresas terminan influyendo en un marco diseñado a su medida» ^[3]. Lincolao prometió el texto para inicios de septiembre. La promesa sigue sin texto: al 22 de septiembre el registro público de la Cámara solo muestra que el gobierno renovó la urgencia simple el día 1, y ninguna indicación ingresada ^[6].

Brasil aprobó su ley en el Senado en diciembre de 2024 y la Cámara la tiene desde marzo de 2025 «aguardando parecer do relator», con cinco fechas de votación incumplidas ^{[7] [8]}. La espera ya tiene fecha. El relator, Aguinaldo Ribeiro, dijo en agosto que la votación quedará para después de las elecciones de octubre ^[8]. El texto que espera es menos autónomo de lo que parece. Su autoridad competente debe «incentivar a adoção de padrões, melhores práticas e certificações reconhecidas internacionalmente», sus autoridades sectoriales deben promover «a harmonização com a legislação nacional e com normas internacionais», y los organismos que certificarán a los sistemas de alto riesgo se acreditan «em conformidade com normas técnicas nacionais e internacionais aplicáveis» ^[9]. La ley brasileña no nombra a ISO, a la OCDE ni al NIST: delega en «normas internacionais» sin decir cuáles, es decir, en quien las escriba.

México no tiene ley general y necesita antes reformar dos artículos de su Constitución para que el Congreso pueda dictarla ^[10]. La presidenta Sheinbaum lo dijo el 14 de septiembre en su conferencia matutina: la regulación de la inteligencia artificial y las redes «es una discusión pendiente», «tiene sus bemoles, hasta dónde, cómo», y «ya inició el periodo electoral, no sé si todavía se pueda en este momento» ^[11]. Colombia lleva seis intentos. Archivó en junio el quinto proyecto de ley sobre el tema, por tránsito de legislatura y sin primer debate, y el sexto, presentado en julio, declara en su exposición de motivos que se basa en la OCDE, la UNESCO y la ley europea ^[12]. Argentina tiene un dictamen de comisión desde noviembre de 2025 y ningún voto en el recinto, con el oficialismo advirtiendo contra el «populismo tecnológico con legislaciones prematuras que limiten el avance en la innovación» ^[13]. El informe del organismo asesor de la ONU sobre inteligencia artificial contó en 2024 que 118 países, «primarily in the global South», no forman parte de ninguna de las siete grandes iniciativas de gobernanza; siete países las integran todas, y ninguno es latinoamericano ^[14].

El manual que van a homologar

Mientras las legislaturas esperan, el manual se escribe, y lo escriben los laboratorios. El 12 de septiembre Dario Amodei propuso que cada laboratorio de frontera dé «acceso similar al de un empleado» a evaluadores externos incrustados, y pidió una exención antimonopolio estrecha para poder coordinarse con sus rivales ^[15]. Seis días después Anthropic nombró a su primer evaluador, la unidad Faculty de Accenture, y reconoció en el anuncio que «no existen todavía estándares sobre qué información deben ver los evaluadores incrustados ni sobre cómo deben reportar lo que encuentran», ni un sistema para financiarlos, de modo que Anthropic paga directamente al suyo ^[16]. El primero en llegar cobra del evaluado. Demis Hassabis había propuesto en julio un organismo financiado por la industria al que los modelos se presentarían hasta treinta días antes de su lanzamiento ^[17]. Elon Musk propuso el 14 de septiembre que los rivales se revisen entre sí, «en vez de calificar tu propia tarea», y admitió que ninguno ha aceptado ^[18]. Las tres propuestas difieren en quién juzga y coinciden en quién decide el diseño: en ninguna interviene un gobierno que no sea el de Estados Unidos, y en ninguna aparece un país que solo adopta.

La medida de referencia también es de la casa. El 17 de septiembre Anthropic publicó que Claude ya «lidera» el 26 % de su propia investigación, con una salvedad impresa al pie: dos evaluadores humanos que miraban la misma evidencia coincidieron en el nivel exacto el 35 % de las veces, y «cada desarrollador tendrá la tentación de trazar la línea con generosidad» ^[19]. La coordinación ya tiene expediente. Cuatro suscriptores demandaron el 18 de septiembre a Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google por acordar el ritmo entre ellos, y Aidan Gomez, de Cohere, dijo que las reglas de esta tecnología «no pueden escribirlas un pequeño grupo de empresas comercialmente alineadas detrás de una exención antimonopolio» ^{[20] [21]}. Carlos Coello, el mexicano que integra el panel científico de la ONU junto a una chilena y una brasileña, tres de cuarenta miembros, lo describió sin adjetivos: «Ellos mismos se están autorregulando; ellos evalúan sus riesgos y esa información es confidencial, nadie más tiene acceso» ^[22]. Esos son los hechos.

La región ya sabe lo que es recibir un manual hecho. El Comité de Basilea lo fundaron los gobernadores del Grupo de los Diez a fines de 1974, publicó Basilea I en 1988 y Basilea II en 2004, y América Latina «ha seguido en general» sus recomendaciones desde el primer acuerdo ^{[23] [24]}. Brasil y México recibieron asiento en el comité en marzo de 2009, y Argentina en junio, veintiún años después de la primera norma que aplicaban ^[23]. Las tres calificadoras que la SEC reconoció en 1975 califican hoy a veintiséis países de la región, y un soberano es grado de inversión cuando dos de las tres lo dicen ^{[25] [26]}. Ese arreglo tuvo costos y la región lo aceptó porque le convenía: un banco de Lima o de Bogotá se supervisa con reglas que nadie de Lima o de Bogotá redactó, y sus depositantes duermen mejor por eso. Basilea, sin embargo, lo escribieron supervisores para supervisar bancos, y las calificadoras cobran del emisor pero no son el emisor. El manual de la inteligencia artificial lo escriben los laboratorios para evaluar a los laboratorios, con evaluadores que ellos pagan, con estándares de acceso que ellos mismos dicen que no existen, y con una demanda antimonopolio abierta por el solo hecho de haberse puesto de acuerdo.

Laura Schertel Mendes preside la comisión de derecho digital del colegio de abogados de Brasil y escribió en mayo que «quien define estándares técnicos define mercados» ^[27]. La pregunta, en sus palabras, no es si Brasil debe regular sino «si prefiere absorber, en un momento posterior, las reglas escritas por otros países», porque «no regular es tercerizar la decisión» ^[27]. Loreto Bravo, la chilena del panel de la ONU, lo dijo desde el otro lado: «nos vamos a volver usuarios, como un país que adopta algo que es desarrollado por actores globales» ^[28].

El contrapunto hay que concederlo entero. La comisión ecuatoriana tiene razón en que una ley rígida sobre una tecnología que cambia cada mes envejece antes de reglamentarse, y Lincolao tiene razón en que Europa reguló primero y hoy revisa su propia ley. Un país que no entrena modelos de frontera no gana nada escribiendo reglas para entrenarlos, y una certificación internacional puede ser mejor que cualquier artículo que redacte un congreso regional. Importar es, para un adoptante, la decisión racional. El problema no es importar sino importar sin condiciones, y es lo que hacen los tres textos: ninguno dice qué certificación acepta, quién tiene que emitirla ni qué pasa si el certificador cobra del certificado.

Las condiciones existen y ya están escritas, aunque en otra parte. Las normas de tercerización bancaria de Brasil, México y Colombia obligan a los bancos a exigir a cualquier proveedor tecnológico extranjero informes de auditoría independiente, y la mexicana le impone al proveedor aceptar sin condiciones las visitas del supervisor ^[29]. Un supervisor bancario que trate la API de un modelo como tercerización relevante regula la adopción sin tocar el desarrollo, que es exactamente lo que la región sí puede regular.

LA JUGADA

1. Regula la adopción, no el desarrollo. Quien escribe el contrato con un laboratorio escribe la única regla que va a existir en la región este año. Un supervisor bancario, una autoridad de compras públicas o un ministerio de salud pueden exigir hoy el informe del evaluador externo, la notificación de incidentes y la independencia de quien evalúa, con las normas que ya tienen ^[29].
2. Homologa con nombre y apellido. Si Chile va a homologar «certificaciones internacionales» de forma automática, que la ley diga cuáles, quién las emite y que el certificador no cobre del certificado. Una línea en la indicación sustitutiva vale más que cuatro categorías de riesgo, y la misma línea cabe en el artículo 46 del PL 2338 antes de que se vote.
3. Siéntate donde se escribe, no donde se firma. Los tres asientos latinoamericanos del panel de la ONU y los comités donde se redactan las normas que Ecuador acaba de citar cuestan menos que una ley y llegan antes que ella. Una región que va a importar el manual tiene que estar, al menos, en la sala donde se corrige.