Lo que la máquina razona no es de nadie.

El 20 de julio de 2026 la jueza Araceli Martínez-Olguín dio aprobación final al acuerdo de US$ 1.500 millones entre Anthropic y los autores de los libros que la empresa descargó de bibliotecas piratas, la mayor recuperación por derechos de autor que se conozca ^[1][12]. Trece meses antes, el juez William Alsup había resuelto la otra mitad del caso en sentido contrario: comprar libros impresos, cortarles las tapas, escanearlos y descartar el papel es uso legítimo, y entrenar un modelo con ellos es «excepcionalmente transformador» ^[2]. El 23 de febrero de 2026, en el intervalo entre ambas resoluciones, Anthropic denunció que tres laboratorios chinos habían extraído las capacidades de Claude mediante 16 millones de intercambios a través de unas 24.000 cuentas fraudulentas ^[3][11].

Leídas juntas, las tres piezas no describen una contradicción sino un criterio único aplicado dos veces, y su consecuencia es la noticia que nadie ha enunciado en voz alta. Ni el tribunal ni la empresa sostienen que alguien sea dueño de lo que sale de una compresión: el juez liberó al modelo del reclamo de los autores, y la denuncia de febrero no afirma en ninguna línea que las respuestas de Claude sean propiedad de Anthropic, porque no hay título que afirmar. El fenómeno mayor detrás de estos hechos es que la propiedad intelectual se retiró de la discusión sobre inteligencia sin que nadie firmara la retirada, y lo que quedó peleándose son cosas mucho más pequeñas: contratos, cuentas y permisos.

Lo que la ley bendijo: comprar, cortar, escanear

Anthropic contrató en febrero de 2024 a Tom Turvey, que había dirigido los acuerdos de libros en Google, con un encargo que el expediente recoge sin adornos: «todos los libros del mundo» ^[4]. La operación llevaba nombre interno, «Project Panama», y el escaneo lo ejecutó un contratista de digitalización, Datamation Imaging Services ^[4]. La empresa compró millones de ejemplares usados a Better World Books y World of Books, y sus contratistas cortaron las encuadernaciones, recortaron los pliegos, escanearon cada página y desecharon el papel ^[4].

Alsup validó esa práctica el 23 de junio de 2025 por dos vías separadas ^[2]. La primera es la doctrina de primera venta: quien compra un ejemplar puede convertirlo a otro formato para sí mismo, y como el original se destruye no se crea copia adicional ni se distribuye nada. La segunda es la más consecuente, porque el juez sostuvo que entrenar un modelo con esos libros es excepcionalmente transformador, es decir, que lo que sale del proceso está tan lejos de lo que entró que el autor del libro no conserva un reclamo sobre ello. Lo único que Alsup declaró ilícito fue la biblioteca de más de siete millones de libros que Anthropic había descargado de sitios piratas, y de ahí salió el acuerdo. El gremio de autores recibió el fallo como una victoria a medias y objetó precisamente la doctrina que lo sostiene, la del entrenamiento transformador ^[13].

El apetito por el papel no terminó con el caso. Fortune contó el 31 de julio de 2026 que Pieter de Vries, librero anticuario de Haarlem, tomó por estafa el correo en que una empresa llamada 2077AI le pedía más de tres mil títulos ^[5]. Conviene la precisión, porque el punto se sostiene sin exagerarlo: Anthropic afirma que ninguno de sus programas de adquisición «adquiere ni destruye libros raros o de anticuario» ^[5], e ISBNdb, que en 2024 anunció venta de libros a granel para «necesidades de entrenamiento», sostiene que esa oferta fue un concepto exploratorio que nunca llegó a lanzarse ^[5]. Lo que aquí se documenta es el apetito de una industria, no un cargo contra una empresa.

El acuerdo que dejó fuera a casi todo el mundo

El acuerdo aprobado paga alrededor de US$ 3.000 por obra en cuotas hasta septiembre de 2027, obliga a destruir los archivos pirateados y cubre poco más de 480.000 libros, de los cuales cerca del 91 % ya se reclamaron ^[1]. No libera, en cambio, ningún reclamo sobre lo que los modelos generen ^[1].

La letra chica es la que importa para quien lee esto desde el sur. Solo entran a la clase las obras registradas a tiempo en la Oficina de Copyright de Estados Unidos, un trámite que el Convenio de Berna vuelve innecesario para nacer protegido y que por eso casi nadie completa fuera de aquel país; las ediciones extranjeras sin ISBN o sin registro fueron excluidas expresamente ^[6]. El resultado es brutal: la clase equivale a cerca de una catorceava parte de los más de siete millones descargados ^[6]. Un autor venezolano o argentino cuyo libro estaba en esa biblioteca está dentro del modelo y fuera de la lista de acreedores, y no porque le hayan negado el derecho sino porque nunca llenó un formulario que su propia ley no le exige.

La acusación de destilación, leída con lupa

La denuncia del 23 de febrero de 2026 nombra a DeepSeek, Moonshot AI y MiniMax, y describe una operación industrial: unas 24.000 cuentas fraudulentas en arquitecturas coordinadas, servicios comerciales de proxy para sortear que Anthropic no ofrece acceso comercial a Claude en China, y más de dieciséis millones de intercambios destinados a entrenar modelos más débiles con las respuestas de uno más fuerte ^[3]. La empresa añade un argumento de seguridad que no es decorativo: un modelo destilado hereda la capacidad sin heredar los resguardos que impiden usarla para armas biológicas o ataques informáticos ^[3].

Lo decisivo, sin embargo, es lo que el texto no dice. Cada verbo del comunicado apunta al acceso —violación de términos de servicio, restricciones regionales, cuentas fraudulentas, escala no autorizada— y en ningún momento se afirma que las trazas de razonamiento sean propiedad de Anthropic ^[3]. La misma prudencia había mostrado Dario Amodei en enero de 2025, cuando escribió sobre DeepSeek y declaró expresamente que no tomaba posición sobre los informes de destilación desde modelos occidentales ^[7]. El adjetivo que sostiene toda la acusación es «ilícita», que sugiere robo sin llegar a nombrar un dueño.

Por qué no lo dicen: la ley ya había contestado

Esa omisión no es timidez retórica sino cálculo, porque en Estados Unidos la protección de autor exige autoría humana y una salida puramente automática no la tiene. El 2 de marzo de 2026 la Corte Suprema rechazó revisar el caso Thaler, con lo que quedó firme el criterio de que una obra sin autor humano no se registra ^[8][14]. Las trazas de razonamiento de un modelo no son, por tanto, propiedad intelectual de nadie: no es que Anthropic renuncie a reclamarlas, es que no hay título que reclamar.

Lo que sí existe es un contrato. Los términos comerciales de Anthropic prohíben acceder al servicio para construir un producto competidor, incluido entrenar modelos rivales ^[9], y esa cláusula se hace valer del único modo en que puede hacerse valer una cláusula de acceso, que es cerrando la puerta: la empresa revocó el acceso de OpenAI en agosto de 2025 y bloqueó a xAI en enero de 2026 ^[10]. El caso de xAI mide hasta dónde llega esa fuerza, porque la compañía —estadounidense, no china— siguió usando salidas de Claude por cuentas personales y por un intermediario hasta mediados de mayo de 2026 ^[10]. El foso, entonces, no es un título de propiedad sino un permiso revocable, y su fuerza depende de que el otro lo haya aceptado y pueda ser identificado.

El mismo criterio, aplicado dos veces

Resulta tentador leer las dos posiciones como contradicción, y conviene resistirse porque no lo son. Anthropic no sostiene que las trazas de razonamiento le pertenezcan, y su reclamo es estrecho y legítimo: alguien fingió ser miles de clientes distintos para eludir un bloqueo que la empresa tiene derecho a poner. Acusar de hipocresía sería discutir con una postura que nadie defiende, y de paso perderse lo que de verdad ocurrió.

Lo que ocurrió es que un mismo criterio se aplicó en los dos pisos del edificio y sobrevivió. Un piso más abajo, la compresión transformó tanto el corpus que el autor del libro no conserva reclamo sobre lo que salió; un piso más arriba, lo que sale del modelo tampoco tiene dueño, esta vez porque le falta el autor humano que exige el registro. La doctrina es coherente, entonces, y su consecuencia es incómoda para todos por igual: si el criterio vale en los dos sentidos, el razonamiento en sí mismo no es propiedad de nadie, ni de quien escribió los libros ni de quien pagó el entrenamiento. Lo que sí puede poseerse es mucho menos glamoroso, porque son las condiciones de acceso, y una condición de acceso solo obliga a quien la aceptó.

Esos son los hechos. Lo que dicen sobre qué se puede poseer es materia de la sección que sigue.

La frase que ronda esta discusión es que la inteligencia tiende a ser libre, y conviene tomarla en serio justo hasta donde la evidencia la sostiene. «Demasiado barata para medirla» fue la promesa que Lewis Strauss hizo en 1954 sobre la electricidad atómica y falló, porque el costo nunca estuvo en el combustible sino en la central que había que levantar y conectar hasta cada consumidor. La analogía sirve hasta ahí y después se rompe, y esa rotura es la buena noticia: la electricidad exigía que cada usuario colgara de la planta, mientras que un modelo, una vez entrenado, viaja. Construir la frontera cuesta cientos de miles de millones y usarla cuesta cada año menos, de modo que la capacidad dejó de exigir la propiedad de la infraestructura que la produjo ^[15].

De ahí se sigue lo que a la región le conviene dejar de hacer. Buena parte del discurso latinoamericano sobre inteligencia artificial se organiza alrededor del acceso —un asiento en la mesa, un cupo de chips, un modelo soberano— y esa es justamente la restricción que se viene aflojando sola. Lo que Anthropic denuncia no es que alguien haya aprendido de un modelo sino que unas cuentas falsas burlaron un bloqueo comercial ^[3], y descargar pesos publicados bajo una licencia que lo autoriza no se parece en nada a eso: dos de los tres laboratorios acusados, Moonshot y MiniMax, son justamente los que publican esos pesos. Gastar capital político en conseguir ese permiso equivale a pelear por una autorización que cada publicación de pesos vuelve menos necesaria.

El contrapunto merece concederse sin ironía, porque la parte de seguridad no es pretexto y el reclamo de la empresa es angosto y razonable. Un modelo destilado hereda la capacidad sin heredar los resguardos, dieciséis millones de intercambios por veinticuatro mil cuentas falsas son fraude bajo cualquier criterio, y cualquiera tiene derecho a elegir con quién contrata ^[3]. Conviene además no exagerar el desenlace, ya que la puerta sigue existiendo para las cargas más pesadas y el hierro se sigue racionando; lo que aquí se afirma es una dirección y no una llegada, porque la restricción de acceso cede año a año y la de capacidad propia no.

Queda entonces la pregunta de qué sí es escaso, que es donde debería estar la discusión. Todo insumo que se vuelve gratis muda el valor a los complementos que siguen siendo caros, y en esta historia América Latina aparece exactamente en el lugar de los complementos que nadie puede aportarle desde afuera: los datos de su propia realidad, las instituciones capaces de comprar y desplegar, y la confianza para distribuir en sus mercados. El acuerdo lo demuestra mejor que cualquier argumento, porque la región no quedó fuera de la lista de acreedores por un despojo sino por no haber llenado un formulario ^[6], y esa figura —presente como material, ausente como parte— se repite en toda mesa donde no hay corpus registrado, examen propio ni comprador público capaz de firmar.

LA JUGADA

1. Deja de pagar por el permiso y usa lo que ya está publicado. El presupuesto y el capital político que hoy se van en negociar acceso a la frontera rinden más financiando despliegue sobre pesos publicados, cuya licencia concede lo que ningún término de servicio de API va a conceder jamás. La pregunta útil no es a qué modelo nos dejan entrar, sino qué problema nuestro resuelve el que ya podemos descargar.
2. Registra el corpus, porque es el complemento que no baja de precio. El mecanismo que dejó a la región fuera del mayor acuerdo de derechos de autor de la historia es burocrático y por eso reparable: un programa colectivo de registro con editoriales, ministerios y prensas universitarias convierte un corpus invisible en uno reclamable antes del próximo acuerdo, y en un activo licenciable para cuando el razonamiento ya no valga nada.
3. Legisla la compra pública, no la autoría. A quien redacta reglas de inteligencia artificial en la región le sobra debate sobre quién es dueño de lo que escribe una máquina y le falta el que decide su futuro industrial: cómo compra, evalúa y despliega el Estado sobre modelos que puede alojar él mismo. Un ministerio que sabe contratar inteligencia vale más que cualquier párrafo sobre la titularidad de un token.